BITÁCORA

Cielos cercados: securitización del espacio aéreo en Colombia y obstáculos para la cartografía humanitaria abierta

En Colombia, la producción de imágenes aéreas puede ser decisiva para la prevención del riesgo, la resiliencia climática, la planeación participativa y la acción humanitaria. Pero esa posibilidad no está igualmente disponible para todos. Bajo lógicas de seguridad, el espacio aéreo se ha convertido en un ámbito fuertemente controlado, donde comunidades, organizaciones sociales y procesos colaborativos encuentran barreras crecientes para producir conocimiento territorial con tecnologías libres.

Hay discusiones públicas que parecen técnicas, pero que en realidad son profundamente políticas. Una de ellas tiene que ver con el espacio aéreo. Dicho de manera simple: ¿quién puede volar, quién puede capturar imágenes desde el aire, quién puede procesarlas y quién puede compartirlas?. En un país como Colombia, atravesado por múltiples desigualdades territoriales, por riesgos socioambientales persistentes y por contextos territoriales de alta vulnerabilidad, estas no son preguntad menores. Son preguntas sobre las estructuras de poder, sobre acceso libre al conocimiento y, en últimas, sobre las condiciones mismas del cuidado de la vida y los territorios.

Las imágenes aéreas no son únicamente un recurso visual. Pueden convertirse en una herramienta concreta para anticipar deslizamientos, reconocer transformaciones del territorio, fortalecer la gestión del riesgo, apoyar respuestas humanitarias y mejorar procesos de planeación desde abajo. Su valor no radica sólo en la precisión técnica que ofrecen, sino en la posibilidad de producir lecturas situadas del territorio que articulen el  conocimiento de los técnicos expertos y las capacidades locales en pro de la generación de  decisiones colectivas que fortalezcan el principio de cuidado de la vida. Esa es una de las apuestas de la cartografía humanitaria abierta: poner tecnologías, datos y herramientas geoespaciales al servicio de la vida, especialmente en aquellos territorios y comunidades en las que los procesos de cartografía institucional son precarios.

Sin embargo, el problema aparece justo allí donde esa promesa empieza a hacerse posible. En Colombia, el espacio aéreo no funciona como un campo neutral ni como un recurso al que se accede de manera equivalente. Por el contrario, está atravesado por una racionalidad de control que, aunque se justifica en nombre de la doctrina de la seguridad nacional, termina produciendo restricciones acumulativas para quienes buscan usar tecnologías aéreas con fines de prevención, monitoreo territorial o acción humanitaria. La tesis central es clara: el espacio aéreo opera como un recurso estratégicamente controlado y su gestión securitizada produce barreras normativas, operativas y simbólicas que dificultan la generación comunitaria y abierta de imágenes aéreas.

Ese proceso puede entenderse, precisamente, como una forma de cercamiento. No porque el cielo haya sido alguna vez un espacio completamente libre, sino porque hoy su acceso se encuentra cada vez más mediado por restricciones espaciales, protocolos y estándares administrativos imposibles de alcanzar para la sociedad civil,  infraestructuras de control, exigencias técnicas y directrices político-administrativas de la función pública que distribuyen de forma desigual la posibilidad de mirar y producir conocimiento desde arriba. El “cielo cercado” no es solo una metáfora sugerente: es una manera de nombrar cómo el lenguaje de la seguridad reordena lo posible y convierte una capacidad de cuidado en una capacidad restringida.

Lo más delicado de este panorama es que no todos enfrentan esas barreras en las mismas condiciones. Las instituciones estatales, ciertos operadores privados o actores con mayor capacidad jurídica y técnica tienen mejores posibilidades de cumplir requisitos, gestionar autorizaciones y sostener cadenas completas de captura, procesamiento y publicación de imágenes. En cambio, organizaciones comunitarias, procesos universitarios, redes de mapeo abierto o iniciativas territoriales suelen encontrarse con más obstáculos, más demoras y menos margen de maniobra. Así, los procesos regulatorios y las múltiples restricciones del espacio aéreo terminan generando en la práctica una distribución desigual del derecho a producir conocimiento geoespacial con fines humanitarios y sociales.

Aquí emerge una pregunta pública que vale la pena plantear con toda claridad: si la información territorial es clave para prevenir riesgos y fortalecer respuestas colectivas, ¿por qué su producción abierta sigue estando tan condicionada? ¿Por qué una comunidad que necesita entender mejor las amenazas sobre su barrio, su vereda o su ladera debe enfrentar un entorno tan cerrado para acceder a herramientas que podrían ayudarle a cuidar el territorio? En un momento histórico marcado por la crisis climática, por la expansión de riesgos urbanos y por la urgencia de fortalecer capacidades locales, resulta problemático que el acceso a la mirada aérea quede tan concentrado en los poderes estatales. Ahora bien, no se trata de defender una apertura ingenua.

Abrir imágenes, datos o infraestructuras sin criterios de protección también puede producir daño. Una ortofoto de alta resolución puede ser útil para la prevención del riesgo, pero también puede exponer infraestructuras sensibles, patrones de movilidad o condiciones de vulnerabilidad de comunidades específicas. Por eso el debate no puede reducirse a una oposición simple entre abrir o cerrar el espacio aéreo.  La cuestión de fondo es cómo construir formas de apertura responsable, situadas y no extractivas, donde el acceso al conocimiento no implique poner en riesgo a quienes habitan los territorios.

Esa perspectiva permite salir de un falso dilema. La soberanía aérea y la seguridad no tendrían por qué bloquear automáticamente la producción comunitaria de imágenes con fines humanitarios. Más bien deberían coexistir con protocolos claros, transparentes y proporcionales que permitan misiones de gestión del riesgo, monitoreo ambiental o cartografía colaborativa bajo criterios verificables, salvaguardas éticas y protección de datos. El problema no es que exista regulación. El problema es cuando la regulación se vuelve una muralla que impide o desalienta prácticas legítimas de cuidado territorial obstaculizando los procesos de empoderamiento comunitario a través del uso de las tecnologías de código abierto.

Desde esta mirada, la discusión sobre drones y cartografía aérea en Colombia no es sólo una discusión técnica ni jurídica. Es también una discusión sobre democracia territorial. Porque quien puede producir imágenes también puede incidir en la manera en que un territorio es leído, representado y gobernado. Y cuando esa capacidad queda fuertemente concentrada en unos sectores, también se concentra la posibilidad de definir qué se ve, qué permanece invisible y qué tipo de conocimiento circula como legítimo.

 

En América Latina, la cartografía social y el mapeo participativo han mostrado que los datos no son únicamente insumos para expertos: son herramientas políticas para disputar invisibilizaciones, fortalecer capacidades comunitarias y ampliar la intervención pública desde los territorios. La producción de imágenes aéreas con tecnologías libres debería ser una extensión de ese horizonte, no un privilegio reservado a las dinámicas de securitización, vigilancia y control.

Por eso conviene insistir en algo fundamental: discutir el espacio aéreo es también discutir el tipo de país que queremos construir. Un país donde la seguridad funcione como argumento permanente para restringir capacidades sociales de conocimiento, o un país donde sea posible abrir, con responsabilidad, vías legítimas para que comunidades, universidades y procesos colaborativos participen en la producción de información territorial útil fortalecer procesos de resiliencia, adaptación climática, planeación territorial participativa, acciones humanitarias y preservación de la vida.

En el fondo, lo que está en juego no es solamente el uso de drones. Lo que está en juego es si el cielo seguirá siendo una infraestructura mayoritariamente cerrada para los procesos territoriales de cuidado, o si podremos imaginar y construir formas de apertura parcial, ética y democrática que hagan de la cartografía humanitaria abierta una verdadera tecnología de cuidado. Allí radica la fuerza pública de esta discusión: en recordar que mirar desde arriba también puede ser una manera de cuidar desde abajo.

Recursos para abrir la discusión

Este es un tema clave para abrir una agenda de investigación-acción-participación sobre espacio aéreo, cartografía humanitaria abierta, ciencia abierta, cuidado territorial y producción comunitaria de imágenes aéreas. Más que un campo plenamente consolidado, se trata todavía de una conversación emergente, con poca producción académica específica en el cruce entre securitización del espacio aéreo, tecnologías libres y cartografía orientada al cuidado de la vida. Precisamente por eso, resulta necesario comenzar a reunir marcos, experiencias y referencias que permitan abrir este campo de estudio y de acción colectiva. Esa es también una de las apuestas de este texto: proponer un problema público, un marco analítico inicial y una ruta posible para nuevas investigaciones, prácticas colaborativas e incidencias en diálogos con el sector público.

A continuación, comparto una bibliografía inicial y algunos enlaces de referencia que pueden servir para profundizar la discusión y ampliar esta agenda:

Bibliografía y enlaces para abrir la discusión

 

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 info@leonardojimenezgarcia.com

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